Compromiso 3: un compromiso político claro
La Plataforma de Infancia propone tres grandes compromisos y 17 medidas, para mejorar la situación de la infancia en España durante esta XIV legislatura. El tercer compromiso es que los partidos políticos en el Gobierno asuman un compromiso claro con todos los derechos de la infancia.
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga al Estado al cumplimiento del ejercicio de los derechos del niño en su totalidad. En particular, el Comité de los Derechos del Niño trasladó una serie de recomendaciones en 2018 que todos los partidos políticos deberían impulsar:
- Compromiso con la gobernanza de las políticas
de infancia.
Es imperiosa la necesidad de mantener la Comisión de Derechos de
la Infancia y la Adolescencia en el Congreso de los Diputados y en el Senado,
con competencia legislativa, así como mantener y promover la figura del Alto
Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil, que sustancie el firme
compromiso con las políticas de infancia al más alto nivel posible dentro de la
Administración General del Estado a través de la figura de una Secretaría de
Estado de Infancia.
- Promover desde los partidos políticos y apostar por la Participación Infantil garantizando que los niños y niñas tienen la oportunidad de ser escuchadas en todo procedimiento que les afecta. Tanto desarrollando estructuras estables de participación (como un Consejo Estatal de Participación Infantil o impulsando y fortaleciendo a las asociaciones de alumnado) como allá donde se tomen decisiones (Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, Consejos Escolares, etc.) así como su participación en el desarrollo de planes y leyes que les afectan. Se establecerá el derecho de asociación del alumnado desde los 12 años y se regularán las asociaciones infantiles.
- Aprobación de una Ley Orgánica de Protección
Integral frente a la violencia contra la Infancia con enfoque de género que
garantice la reparación de sus derechos y el establecimiento de estándares
mínimos de atención entre las distintas CCAA. La aprobación de la ley para
erradicar la violencia contra la infancia y una estrategia multidisciplinar.
Existe consenso parlamentario (se aprobó una PNL apoyada por todos los grupos
parlamentarios en 2017) y un trabajo hecho en este sentido con la
Administración General del Estado, lo cual plantea la urgencia de que esta Ley
se traslade al Congreso cuanto antes y no más tarde de los 100 primeros días de
Gobierno.
- Garantizar los derechos de los más
vulnerables, los niños extranjeros que viajan solos en tránsito y
desprotegidos. Debe existir un compromiso claro para establecer los recursos suficientes
para atender la realidad de estos niños y niñas, y adaptar la legislación y la
normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de estos niños y
niñas; estableciendo modificaciones en el Protocolo Marco y en los sistemas de
determinación de la edad para que estos sean respetuosos con los derechos
humanos y se utilice únicamente en casos de graves dudas acerca de la edad
comunicada y considerando las pruebas documentales u otros tipos de pruebas
disponibles. Así como desarrollar el resto de recomendaciones del Comité en
este sentido.
- Abordar los políticos una mejora en el sistema de protección a la infancia. Garantizando los recursos suficientes, y analizando cómo garantizar una atención integral, homogénea y adecuada de todos los niños y niñas. Así como estableciendo medidas de prevención para evitar la entrada de niños y niñas en el sistema.
- Implementar la Estrategia de Infancia en la
Cooperación Española en los términos de la Proposición No de Ley aprobada por
unanimidad en el Congreso en diciembre 2018.
- Aprobar una ley estatal, de carácter orgánico,
que garantice el acceso a una atención temprana universal, gratuita, integral y
de calidad para toda la infancia que lo necesite y sus familias de manera que
se provean los servicios y recursos necesarios independientemente del lugar
donde residan.
- Impulsar los cambios normativos y los
programas para hacer efectivo el derecho a una educación obligatoria y
postobligatoria de calidad, equitativa e inclusiva para todos, atendiendo especialmente
a la infancia en situación de pobreza, migrante, gitana y con discapacidad,
conforme reclama el Comité de los Derechos del Niño. Se introducirán reformas
legales para combatir la segregación escolar asegurando una admisión que favorezca
la escolarización equilibrada del alumnado desfavorecido y revisando pruebas e
itinerarios segregadores o que no permiten la continuidad con otras etapas (vía
3º ESO, PMAR, FPB, adaptaciones sin título). Se establecerán los recursos
necesarios para responder a las necesidades y superar de forma temprana las barreras
que enfrenta cada niño y niña para garantizar la inclusión educativa a la que
nos compromete la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Derechos de las niñas e igualdad. Erradicar
los roles, estereotipos y la normas sociales de género que perpetúan relaciones
desiguales de poder y discriminan a las niñas.