El juzgado contencioso-administrativo nº 4 ha decretado que Aqualia tendrá que pagar al concello de Arteixo un total de 12,8 millones de euros en concepto de indemnización por la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento que llevó a cabo entre los años 2005 y 2013, año en el que el gobierno de Carlos Calvelo municipalizó el servicio al detectar graves incumplimientos por parte de la empresa privada dependiente de Fomento de Construcciones y Contratas.
Segùn fuentes municipales, el equipo de abogados de Aqualia perseguía conseguir una sentencia judicial que rechazase las tesis del concello de Arteixo, que había constatado por medio de varias auditorías técnicas y financieras las responsabilidades que tenía Aqualia en el mal estado del servicio de agua.
La sentencia, fechada el 28 de diciembre y notificada el 10 de enero de 2018, explica que Aqualia debe pagar 2,6 millones por el incumplimiento del plan de inversiones durante los ocho años que prestó el servicio; 8,7 millones de euros por la reducción del valor patrimonial de la red, es decir, la falta de mantenimiento en la red de tuberías y depósitos de Arteixo; 2,8 millones por el impago de la compra de agua que Aqualia dejó de abonar a Emalcsa durante años; 542.000 euros por los gastos de relleno de agua en el depósito de Pastoriza en los años 2012 y 2013; y 111.000 euros por los gastos que asumió el Concello al intervenir y municipalizar la gestión de agua en el 2013.
Estas cifras sumarían cerca de 14,9 millones de euros, a los que habría que descontar los 2,1 millones que el ayuntamiento cobró en concepto de canon cuando Aqualia se adjudicó el contrato en el 2005.
El resultado serían 12,8 millones de euros que el juzgado estima que debe cobrar el Concello en concepto de indemnización. Los juzgados ya habían decretado un aval de 14 millones de euros de forma cautelar para que la empresa pudiera hacer frente a posibles indemnizaciones como la que ahora le exige el juzgado nº 4.
Esta sentencia puede ser recurrida en el plazo de 15 días al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ya había dictado otra sentencia referida al mismo caso en febrero de 2016, en la que señalaba a la filial de Fomento de Construcciones y Contratas como responsable de haber llevado a un estado calamitoso la red de abastecimiento y
saneamiento de Arteixo utilizando unas deficientes prácticas empresariales en las que, como señalaron en el proceso las auditorías técnicas del concello de Arteixo, y el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “consta acreditado el deficiente estado de mantenimiento y conservación de las diferentes instalaciones inherentes tanto al
abastecimiento de agua como al saneamiento municipal, inclusive con patentes evidencias gráficas que no han sido desmentidas, amén de apreciarse patentes pautas de contratación empresarial con precios inclusive sensiblemente superiores a los del mercado con terceras entidades empresariales ligadas al mismo grupo empresarial”.
La sentencia continúa señalando que Aqualia “tampoco cumplimentó sus iniciales pautas de inversión” y continúa señalando a Aqualia como una empresa que no “consta que hiciese honor a los compromisos de eficacia técnica e
inversión financiera inicialmente proclamados”.
Después de que los tribunales hayan señalado de forma contundente la culpa de Aqualia en la situación que provocó que el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, tomase la decisión, apoyado por diversos informes jurídicos y auditorías técnicas, de disolver la empresa en el 2013, ahora se fija la cuantía de la indemnización con la que el concello de Arteixo debe ser compensado por Aqualia, un total de 12,8 millones de euros.
La empresa ya depositó en el 2016, obligada por el juzgado, un aval de catorce millones de euros como garantía inicial para hacer frente a esta indemnización derivada por las consecuencias negativas que tuvo su gestión del agua para el municipio de Arteixo.
