Durante la sesión plenaria del martes 31 de octubre, el Gobierno local presentará el presupuesto de Arteixo para el año 2024.
La cifra alcanza los 68,6 millones de euros. Esta cantidad supone un descenso de 900.000 euros respecto al 2023, debido al menor ingreso de fondos europeos.
Respecto al capítulo de inversiones en nuevas infraestructuras y servicios, el Gobierno local destina 30,1 millones de euros.
Según fuentes municipales, el anexo de inversiones está motivado por las obras que se acometerán en una nueva fase de actuaciones en el complejo de edificios del Balneario de Arteixo.
Aclarar que el pasado mes de abril se finalizaron las obras de la planta baja y el jardín del edificio principal, y que a finales de este año se finaliza la conversión de la antigua capilla en un centro sociocultural.
Más inversiones
Los nuevos presupuestos permitirán que se inicien las obras de la primera y segunda planta del edificio principal, que aparecen dotadas con una partida de 1,7 millones. A esta cifra hay que sumarle 768.000 euros de inversión ya realizados en la planta baja y en el jardín y los 569.000 que se están ejecutando en la conversión de la capilla del Balneario en un espacio para eventos culturales. La obra de la antigua capilla finalizará antes de que acabe el año.
Dentro del capítulo de inversión también aparecen la urbanización de varias zonas del Concello en una partida total de más de dos millones de euros, dentro de la cual se invertirán en la creación de nuevas calles en una zona situada en la perpendicular de la avenida de Baldomero González y en conexión con el Camiño da Baiuca.
También se habilitará una partida para la construcción de una gran área de ocio en la zona de Figueiroa, que se llamará praza de Figueiroa.
La finalización de la construcción de un nuevo centro social en Monteagudo y la construcción de un nuevo centro social en Morás también aparecen en el anexo de inversiones con partidas de 174.000 y 750.000 euros.
Adenás aparecen partidas para la construcción de nuevos edificios como son el que albergará los servicios de Obras, Residuos y aquellos dependientes de la empresa pública Sumarte, como limpieza viaria o el servicio de bicicletas.
Otro de los edificios que aparece es el que albergará el parque de Bomberos, tal como se acordó en su día con motivo de la venta de una parcela municipal por cinco millones de euros, que servirán para construir las nuevas instalaciones de Obras y Servicios (en el polígono de Sabón) y el nuevo parque de bomberos (en el polígono de Morás), que tienen su sede en la parcela subastada por el ayuntamiento y que el comprador (Inditex) ocupará en el 2025.
Otras partidas importantes de los presupuestos potenciarán la creación y mejora de sendas peatonales, como es la obra que creará una nueva senda litoral entre Barrañán y Sorrizo (este año se acometió la renovación e iluminación del paseo marítimo entre la playa de Sabón y Valcobo) y modernización y construcción de nuevos parques, a los que se destinan dos partidas de 750.000 euros y 800.000 euros.
Regularización del IPC
En el Pleno también se aprobará la nueva ordenanza que regula las prestaciones de servicio del abastecimiento y el saneamiento para regularizar el IPC de los últimos años, ya que todos los precios de los servicios estaban congelados desde el 2014, fecha de la última revisión de las tarifas de la ordenanza.
Desde esa fecha la inflación acumulada ha superado el 18%, un alza generalizada en los precios sobre todo en los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
Sin embargo el Ayuntamiento ha decidido no incorporar el alza total del IPC a los consumos domésticos, que subirán alrededor de dos euros al mes con una regularización del IPC del 10% y mantendrán las bonificaciones para aquellos vecinos que no superen los indicativos marcados por el IPREM en su renta, estén encuadrados en las ayudas de la RISGA o sean familia numerosa.
Por su parte los consumos industriales sí que se verán afectados en mayor medida por la regularización del IPC con una subida del 15%, aunque tampoco se les aplicará el alza total del IPC de los últimos años. La legislación que regula los precios públicos indica que las administraciones tienen la obligación de trasladar el aumento de los precios a los costes que tiene el servicio para los ciudadanos.
