Los datos de la concellería de Servicios Sociales reflejan un desembolso de unos 180.000 euros en 2014; 54.000 más que en 2013. Este incremento —explicaron el 12 de enero desde el departamento que dirige Ana Bello— no responde a un aumento del número de demandantes, ya que la media de las ayudas anuales fue de 1.600, cifra similar a la del pasado año. Una de las razones que explican este incremento es la modificación el pasado mes de junio de la ordenanza que regula las ayudas de emergencia social. Desde entonces, los demandantes de esta línea de ayudas pueden percibir una suma mayor: la cuantía pasó de un máximo de 1.500 a 3.000 euros anuales.
Las situaciones de emergencia social son aquellas que requieren gastos extraordinarios para cubrir necesidades de carácter básico y urgente: alimentación, vestido, atención sanitaria, formación e inserción socio-laboral y otras de análoga naturaleza no cubiertas por los diferentes sistemas de protección social, como el gasto relacionado con la vivienda. Para obtener estas ayudas se requiere una valoración de los técnicos de servicios sociales y estar en situación de carencia de ingresos anuales superiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Para el reconocimiento de la prestación se tiene en cuenta la base imponible de la última declaración de la renta de personas físicas y, cuando no sea obligatorio realizarla, la acreditación de ingresos anuales mediante nóminas, certificados del INEM, certificados de la Seguridad Social, etc.
