Todas las normas encaminadas a la protección de la Infancia
(así como el resto de Derechos Fundamentales) recogidas en la Constitución tienen que estar
de acorde con los principales acuerdos y normas internacionales ratificadas por
España. Así lo establece la Constitución Española en su artículo
10. De esta forma, nuestro país se asegura estar en armonía con los países de su entorno y con su
legislación, máxime cuando somos miembros de la Unión Europea.
De esta forma, las Normas y Leyes que dicte nuestro país tienen que estar de acorde con:
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España
- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que constituye el marco universal de la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia
- Diversos Tratados internacionales ratificados por España en materias sociales que afectan a menores.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos (París 1948) con la intención de que los países se miren en ella a la hora de tomar decisiones encaminadas a promover, mediante la enseñanza y educación, el respeto a estos Derechos y Libertades y aseguren su reconocimiento y aplicación.
Así, en la Declaración se establecen temas tan importantes en nuestro día a día como que la maternidad y la infancia tengan derecho a cuidados asistenciales o que los niños hayan nacido dentro o no de un matrimonio tengan derecho a protección social.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (20 noviembre de 1989) establece que el niño por su falta de madurez física y psíquica necesita protección y cuidados especiales incluso protección legal tanto antes como después del nacimiento. Por tanto, los países se comprometen a:
Asegurar protección y cuidados necesarios para que estén bien teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres o tutores y para ello, se tomarán las medidas legislativas pertinentes
Dar a conocer los principios establecidos en la Convención por medios eficaces tanto a los adultos como a la infancia