La infancia y la Constitución española

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La protección de la infancia es una obligación que tenemos todos y cada uno de nosotros. Todos debemos aportar nuestro granito de arena y garantizar que los niños tengan una infancia feliz y que vivan esa etapa de su vida con plenitud para que en un futuro sean la base de una sociedad sólida y sana.

Nosotros, a través de esta sección, desgranaremos nuestra legislación para conocer cómo es y qué dice con respecto a nuestros menores de edad.

Desde el punto de vista legal, nuestro ordenamiento jurídico en su norma principal que es la Constitución no sólo protege específicamente a la familia y a los menores de edad; sino que “obliga a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia en especial, de los menores de edad, de  conformidad con los acuerdos internacionales que velan por sus derechos” concretamente establece que “los españolas y españoles son mayores de edad a los 18 años” (art. 12)

Desde su Preámbulo, se ve el carácter protector de esta Norma pero, en lo que se refiere a la infancia, es especialmente rigurosa y en su artículo 29 establece.

  • La protección social, económica y jurídica de la

    familia

  • La protección integral de los hijos e hijas,

    iguales éstos ante la Ley, con independencia de su filiación

  • La protección integral de las madres cualquiera

    que sea su estado civil.

  • La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.
  • Los padres y madres deben prestar asistencia de

    todo orden a los hijos habidos dentro y fuera del matrimonio durante su minoría

    de edad y todos los demás  casos que

    legalmente proceda.

  • Los niños y las niñas gozan de la protección

    prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

La Constitución Española se aprobó en el año 1978 mediante

un referéndum en el que participó todo el pueblo español y, desde entonces, es

la Norma de la que mana toda ley. Como decíamos, su carácter protector se ve ya

en su Preámbulo que es toda una declaración de intenciones  de cómo proteger los derechos de todos los

españoles para conseguir una “una sociedad democrática y avanzada”

Fuente: Irene Arce Fernández / Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias (2017)

               

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